Llevo residiendo en Tijuana desde principios de 2019 y la constante crisis de los servicios básicos en los últimos años me ha llevado a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de este problema.
Comúnmente, la ciudadanía atribuye los incesantes cortes de agua de la CESPT y los apagones de la CFE a la simple corrupción gubernamental o a una ineptitud administrativa profunda,asi como al crecimiento urbano asumiendo que a la clase política simplemente no le importa el desarrollo de la ciudad ni el bienestar de sus habitantes lo cual en parte es cierto.
Sin embargo, analizando esta situación desde una perspectiva sociológica, particularmente a través del concepto de disciplinamiento social, es posible notar que esta crisis perpetua cumple una función muy específica para quienes ostentan el poder. No se trata únicamente de un gobierno que fracasa en su gestión, sino de lo que se conoce como "escasez administrada", una dinámica donde la omisión y el abandono infraestructural resultan sumamente útiles para mantener a la población dócil.
La premisa central es que un gobierno no necesita recurrir a medidas de represión directa si logra mantener a sus ciudadanos en un estado perpetuo de agotamiento enfocado en la supervivencia diaria.
Cuando una persona regresa a su hogar después de lidiar con el tráfico de la ciudad y se ve obligada a alterar sus ciclos de sueño para recolectar agua de madrugada o a buscar alternativas por la falta de electricidad, su energía vital y su tiempo libre son absorbidos por la precariedad.
Este desgaste constante neutraliza casi cualquier posibilidad de organización vecinal, protesta o exigencia política, ya que un individuo que debe concentrar todos sus esfuerzos en resolver cómo bañarse o lavar su ropa no tiene la capacidad física ni mental para auditar al sistema. Aunado a esto, se genera una preocupante normalización de la carencia, donde la población ajusta sus expectativas hacia abajo y comienza a conformarse con lo mínimo, reduciendo drásticamente su nivel de exigencia cívica.
Esta dinámica se vuelve aún más evidente cuando observamos que estos racionamientos rara vez afectan con la misma severidad a las zonas industriales, maquiladoras o de alta plusvalía, enviando un mensaje claro sobre qué sectores económicos son intocables y qué ciudadanos deben asumir el costo del colapso para mantener el status quo. Me gustaría leer sus opiniones sobre esta perspectiva y saber si consideran que este abandono es una simple coincidencia administrativa o una forma pasiva de mantenernos al margen de las decisiones de la ciudad.