Fin.🧉

Vergüenza.

Que buena gente......

Luis "Toto" Caputo visitó el programa de Luis Majul en LN+ y conversaron sobre el endeudamiento de las familias para gastos básicos. El ministro desmintió que sea un dato negativo porque "en la mayoría de los países del mundo la gente vive endeudada".

Efectivamente nos gobierna Conan

Pobre gente. Y los poderosos, impunes.🥹

La evaluación técnico-operacional habría involucrado a las tres Fuerzas Armadas y propuestas de ocho empresas. Sin embargo, la documentación pública disponible no permite reconstruir con precisión por qué se eligieron los modelos ARAD ni cuáles fueron los resultados cuantitativos que respaldaron su aceptación. La pregunta no es si debe revelarse un secreto militar, sino cuánto puede informar el Estado sin comprometer la seguridad nacional.

Una compra que exige explicaciones técnicas

La renovación del armamento individual de las Fuerzas Armadas constituye una decisión relevante para la capacidad operativa del país. No se trata solamente de incorporar un nuevo fusil, sino de garantizar que el material adquirido responda a las necesidades de las unidades militares, pueda mantenerse en servicio y cumpla con las exigencias técnicas establecidas por el Estado.

En el caso de los IWI ARAD-5 y ARAD-7, el Ministerio de Defensa sostuvo que el proceso de selección incluyó una evaluación técnico-operacional durante 2025, con participación de las tres Fuerzas Armadas y análisis de propuestas de ocho empresas.  Sin embargo, para comprobar de manera independiente cómo se llegó a la elección final, es necesario acceder a los informes originales y sus conclusiones.

La cuestión central es determinar qué se evaluó, cuáles fueron los resultados y qué elementos objetivos permitieron considerar que los modelos seleccionados eran los más adecuados para las necesidades argentinas.

Las pruebas posteriores a la compra: ¿qué se buscaba comprobar?

El 8 de octubre de 2026, el Gobierno publicó información sobre una prueba de tiro realizada el día 5 en el polígono de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, bajo supervisión del director general de Logística Conjunta, brigadier Armando Chialvo.

Según el comunicado oficial, el ensayo tuvo como objetivos evaluar el funcionamiento, la precisión y la confiabilidad de los ARAD-7 en condiciones reales de tiro. No obstante, la publicación no informa la cantidad de disparos efectuados, las condiciones específicas del ensayo, las fallas registradas ni las mediciones obtenidas.

Esta ausencia de datos no demuestra que las pruebas hayan sido insuficientes. Pero sí impide que un observador externo pueda evaluar los resultados técnicos anunciados.

También es necesario distinguir entre las diferentes etapas de un proceso de adquisición militar:

• Evaluación previa: permite comparar los sistemas disponibles y determinar cuáles satisfacen los requisitos establecidos.
• Recepción y aceptación: verifica que las unidades entregadas cumplan las condiciones contractuales y técnicas correspondientes.
• Pruebas posteriores: permiten examinar el desempeño del material, su adaptación a las necesidades operativas y otros aspectos de su empleo.

Por eso, que se realicen pruebas después de la compra no constituye, por sí mismo, una irregularidad. La pregunta relevante es qué se verificó en cada etapa y qué documentación respalda las decisiones adoptadas.

¿Cuáles eran los requisitos técnicos exigidos al ARAD-7?

Este es uno de los puntos centrales de la investigación.

En la documentación pública analizada no se encontró el pliego técnico completo que permita establecer cuáles eran los umbrales mínimos exigidos al ARAD-7, cómo se ponderaron los diferentes criterios ni qué resultados obtuvo cada modelo evaluado.

Para reconstruir ese proceso, sería necesario conocer, entre otros aspectos:

• Los requisitos de funcionamiento y confiabilidad establecidos para las pruebas.
• Los parámetros utilizados para medir la precisión.
• Los criterios de seguridad y resistencia contemplados en la evaluación.
• Las exigencias de mantenimiento, repuestos, capacitación y sostenimiento logístico.
• Las condiciones de compatibilidad con las necesidades de las tres Fuerzas Armadas.
• La metodología de puntuación y los fundamentos de la selección final.

Estos son aspectos que corresponde investigar, no requisitos específicos que puedan atribuirse al pliego argentino sin consultar el documento original.

El Ministerio ha destacado la intención de avanzar en la estandarización, la interoperabilidad y la racionalización logística del armamento portátil. Para determinar cómo incidieron esos objetivos en la elección, es necesario conocer los fundamentos técnicos de la decisión.

Transparencia y defensa nacional: ¿qué puede conocer la ciudadanía?

La discusión no debería plantearse como una oposición entre revelar secretos militares y mantener toda la documentación bajo reserva.

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece como principios la presunción de publicidad, la máxima divulgación y la posibilidad de entregar versiones de documentos que oculten exclusivamente la información protegida por las excepciones legales. La norma contempla reservas vinculadas con la defensa nacional, pero también establece límites a esas restricciones.

En consecuencia, corresponde preguntar si es posible publicar una versión no reservada de los resultados de la evaluación, sin divulgar información operacional sensible.

Una presentación pública de los fundamentos técnicos podría incluir los criterios generales de selección, las conclusiones de la evaluación comparativa, la constancia de cumplimiento de las condiciones de aceptación y los datos económicos que legalmente correspondan.

Esto permitiría conocer las razones de la decisión sin exigir la difusión indiscriminada de información que pudiera comprometer la seguridad nacional.

Los documentos que Defensa debería poner a disposición

Para avanzar desde las declaraciones oficiales hacia una comprobación independiente, Red Castrense considera prioritario solicitar:

1. La matriz de aptitud de armamento: con los resultados comparativos y las conclusiones de la selección, en versión pública cuando corresponda.
2. Los informes de evaluación técnico-operacional: correspondientes al proceso desarrollado durante 2025.
3. Los requisitos y las especificaciones técnicas: utilizados para evaluar las propuestas.
4. Las actas de recepción y aceptación: junto con la fundamentación técnica de la aprobación del primer lote.
5. El contrato y sus anexos económicos: con información sobre cantidades, precio, garantías y cronograma de entregas, respetando las excepciones legales aplicables.
6. Los fundamentos de cualquier reserva: con identificación de los documentos alcanzados y de las razones legales que justifican la restricción.

El Ministerio de Defensa dispone de un canal oficial para presentar solicitudes de acceso a la información pública y de un portal para consultar actos administrativos.

La pregunta de fondo: ¿cómo se demuestra que la elección fue la correcta?

La información disponible permite distinguir entre dos cuestiones que no deben confundirse.

Por un lado, el Gobierno informó que hubo una evaluación previa y que posteriormente se realizaron pruebas de recepción y de tiro. Por otro, los comunicados públicos consultados no permiten reconstruir de forma independiente todos los resultados comparativos ni los parámetros cuantitativos que respaldaron la decisión.

No hay elementos suficientes en esa documentación para afirmar que la compra fue irregular, que el fusil presenta fallas o que las pruebas argentinas fueron las primeras realizadas sobre el sistema.

Pero tampoco corresponde considerar que la sola existencia de una evaluación demuestra, por sí misma, que la selección fue la más conveniente.

Una adquisición militar debe poder justificarse mediante criterios técnicos verificables, cumplimiento contractual y una adecuada planificación del sostenimiento logístico. La transparencia compatible con la seguridad nacional fortalece ese proceso y permite distinguir una decisión profesional de una afirmación que todavía necesita respaldo documental.

La pregunta de Red Castrense es concreta: si la selección de los ARAD-5 y ARAD-7 fue el resultado de una evaluación técnica profesional, ¿por qué no publicar, al menos en una versión no reservada, la matriz comparativa, los criterios de selección y las conclusiones que justificaron la aceptación del material?

La respuesta no requiere revelar secretos militares. Requiere mostrar qué evidencia respalda una decisión pública de importancia estratégica.

Fuentes consultadas

• Ministerio de Defensa: puesta a prueba de los nuevos fusiles ARAD-7.
• Ministerio de Defensa: presentación del sistema ARAD-5 y ARAD-7.
• Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, texto actualizado.
• Ministerio de Defensa: cómo solicitar información pública.

Bajo la conducción de Horacio Marín, YPF se desprendió del 50% de Profertil para concentrar recursos en Vaca Muerta. La operación se cerró por US$596 millones, frente a una oferta inicialmente anunciada de US$635 millones. Aunque la compañía registró una ganancia contable, persisten interrogantes sobre el valor estratégico del activo, los ingresos futuros resignados y las alternativas que evaluó su directorio.

Una venta que merece explicaciones

La decisión de YPF de desprenderse de su participación en Profertil abre un debate que excede los resultados de un balance. No se trata solamente de determinar cuánto dinero ingresó por la venta, sino de establecer qué patrimonio industrial resignó la principal empresa energética argentina y si la operación representó la mejor alternativa disponible para sus accionistas y para los intereses económicos del país.

La conducción encabezada por Horacio Marín justificó su estrategia en la necesidad de concentrar inversiones y recursos en Vaca Muerta. El argumento tiene una lógica empresarial reconocible: priorizar los negocios considerados centrales, reducir la dispersión de capital y acelerar el desarrollo de la producción de hidrocarburos.

Pero una estrategia puede ser coherente en su formulación y, al mismo tiempo, dejar preguntas sin responder sobre la conveniencia de cada operación concreta.

Profertil no era un activo marginal. Es uno de los principales productores de fertilizantes nitrogenados de la Argentina, con una planta industrial en Bahía Blanca dedicada a la producción de urea granulada y amoníaco. Su actividad conecta la disponibilidad de gas natural con una cadena de valor fundamental para la producción agropecuaria.

Por eso, la pregunta es inevitable: ¿YPF vendió una participación prescindible o se desprendió de una herramienta industrial cuyo valor futuro merecía una evaluación más profunda?

Los números de la operación: una diferencia que exige explicación

El 12 de diciembre de 2025, YPF comunicó que había aceptado una oferta de Agro Inversora Argentina, perteneciente al grupo Adecoagro, por el 50% de Profertil. El precio anunciado fue de US$635 millones, sujeto al mecanismo de ajuste previsto en el contrato. La operación se completó el 18 de diciembre y el precio registrado ascendió a US$596 millones. La documentación presentada por YPF ante la Comisión de Valores de Estados Unidos y sus estados financieros permite verificar ambas cifras.

La diferencia nominal entre el precio anunciado y el registrado fue de US$39 millones, aproximadamente el 6,1% del importe inicial.

Esa brecha constituye un dato que merece ser explicado, pero no puede calificarse automáticamente como una pérdida. Para hacerlo sería necesario conocer los ajustes contractuales, las condiciones de cierre y las variables que determinaron el precio definitivo.

La propia YPF informó una ganancia contable de $485.729 millones por la venta en sus estados financieros individuales de 2025. En otras palabras, la compañía registró un resultado positivo frente al valor contable de la participación que estaba vendiendo.

Sin embargo, aquí aparece una distinción fundamental: obtener una ganancia contable no demuestra que una empresa haya conseguido el mejor precio posible ni que desprenderse de un activo haya sido la decisión económicamente más conveniente.

Una compañía puede vender un activo por encima de su valor registrado en libros y, aun así, renunciar a ingresos futuros o a oportunidades de crecimiento que habrían generado un beneficio superior.

La discusión sobre Profertil debe concentrarse precisamente en esa diferencia.

La pérdida que no aparece en el balance: el costo de oportunidad

No existe, con los datos citados, una cifra verificable que permita afirmar cuánto perdió YPF por haber vendido Profertil en lugar de conservarla. Para establecerla sería necesario comparar el precio neto de la venta con el valor económico de los flujos de caja futuros que la participación habría generado.

Ese cálculo requiere información que no puede reemplazarse con una estimación improvisada: dividendos históricos, proyecciones de rentabilidad, inversiones necesarias para mantener y ampliar la planta, riesgos operativos, impuestos, deuda, capital de trabajo y una tasa de descuento apropiada.

El costo de oportunidad puede ser importante, pero no equivale automáticamente al precio de venta ni a la diferencia entre dos cifras anunciadas.

La pregunta que debe responder la conducción de YPF es concreta: ¿cuánto valía, en términos económicos, conservar el 50% de Profertil durante los próximos diez o quince años?

Si la respuesta de la empresa se limita a señalar que la venta produjo una ganancia contable, el análisis queda incompleto. Un directorio debe evaluar tanto el resultado inmediato como las alternativas que abandona.

Adecoagro vio una oportunidad que YPF decidió dejar pasar

La operación adquiere otra dimensión al observar quién compró el activo.

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas habían adquirido la participación del 50% que pertenecía a Nutrien por aproximadamente US$596 millones. Posteriormente, Adecoagro compró el 50% restante a YPF por un importe similar, y pasó a controlar el 90% de Profertil, mientras ACA conservó el 10%.

Los documentos societarios de Adecoagro presentados ante la SEC confirman la secuencia y los importes de las adquisiciones.

El comprador explicó que la operación buscaba ampliar su plataforma agroindustrial y diversificar sus fuentes de ingresos. También destacó la posición competitiva de Profertil, su acceso a gas natural a precios competitivos y su ubicación en una región importadora de fertilizantes.

Nada de esto demuestra que Adecoagro haya realizado un negocio extraordinario ni que YPF haya vendido por debajo del valor de mercado. Para sostener esa conclusión habría que analizar las valuaciones, las condiciones contractuales y los riesgos asumidos por cada parte.

Pero existe una diferencia de enfoque que merece atención: mientras YPF priorizó la concentración en hidrocarburos, el adquirente incorporó una empresa industrial que complementa su actividad agroindustrial.

Lo que para una compañía fue un activo no esencial, para otra representó una oportunidad de expansión y diversificación.

La pregunta es si YPF evaluó suficientemente ese valor antes de decidir su salida.

¿Por qué no ejercer el derecho de preferencia?

Antes de desprenderse de Profertil, YPF tuvo la posibilidad contractual de evaluar la adquisición de la participación que estaba en manos de Nutrien, bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de accionistas.

La petrolera no ejerció ese derecho y posteriormente aceptó la oferta de Adecoagro por su propia participación.

La secuencia no demuestra una irregularidad. Una empresa puede decidir razonablemente que no desea ampliar su exposición a un negocio determinado y, al mismo tiempo, preferir vender su participación.

Sin embargo, una decisión de esta naturaleza debería estar respaldada por una comparación financiera clara entre las alternativas disponibles.

¿Qué rendimiento esperaba obtener YPF de Profertil? ¿Cuánto capital habría requerido adquirir la otra mitad? ¿Qué dividendos proyectaba la empresa? ¿Qué rentabilidad estimaba para las inversiones alternativas en Vaca Muerta? ¿Se analizaron opciones intermedias, como conservar la participación o incorporar un socio industrial sin abandonar completamente el negocio?

Las respuestas permitirían conocer si la venta respondió a una asignación racional de capital o si se priorizó la obtención de liquidez inmediata sin ponderar adecuadamente el valor de largo plazo.

El argumento de Vaca Muerta no debería cerrar el debate

La apuesta por Vaca Muerta es una decisión estratégica que puede justificarse por las oportunidades de producción, exportación y generación de divisas. Sin embargo, invocar esa prioridad no exime a la conducción de explicar el costo de cada desinversión.

El capital obtenido por la venta tiene un uso alternativo: puede financiar inversiones petroleras, reducir deuda o reforzar la liquidez. Para demostrar que la operación fue conveniente, YPF debería mostrar cómo se compararon esas alternativas con el rendimiento esperado de Profertil.

La evaluación también debería considerar la relación entre el gas natural y los fertilizantes nitrogenados. El gas es un insumo central para producir amoníaco y urea. En una economía con una producción agropecuaria de gran escala, disponer de capacidad industrial local tiene implicancias que exceden el resultado financiero de una empresa.

La cuestión no es sostener que toda empresa energética deba conservar indefinidamente todos sus activos. Es exigir que las decisiones de desinversión contemplen el valor económico, industrial y estratégico de lo que se vende.

Marín y la responsabilidad de explicar la decisión

La responsabilidad de Horacio Marín debe examinarse a partir de su intervención documentada, las decisiones adoptadas por el directorio y la información disponible al momento de aprobar la operación.

No corresponde atribuirle negligencia ni afirmar que provocó un perjuicio patrimonial sin pruebas. Pero tampoco resulta suficiente aceptar sin examen crítico la justificación estratégica de la empresa.

La documentación que permitiría evaluar la decisión incluye las actas del directorio, las valuaciones independientes, los informes de asesores financieros, las proyecciones de dividendos, el contrato definitivo y los cálculos utilizados para comparar la venta con la alternativa de conservar el activo.

Esos antecedentes permitirían determinar si la administración consideró adecuadamente el costo de oportunidad y si la operación respondió al mejor interés de la compañía.

En una empresa de esta magnitud, la profesionalidad de una conducción no se mide solamente por la capacidad de vender activos y presentar ganancias contables. También se mide por la calidad de las decisiones que comprometen el patrimonio y los ingresos futuros.

La pregunta final: ¿cuánto dejó de ganar YPF?

A esta altura, afirmar que YPF perdió una cantidad específica por vender Profertil sería anticipar una conclusión que todavía necesita sustento documental. La ganancia contable informada no permite calcular por sí sola el perjuicio potencial, y la diferencia entre el precio anunciado y el definitivo tampoco equivale automáticamente a una pérdida económica.

Pero la ausencia de una cifra comprobada no elimina el interrogante central.

La conducción de YPF debería explicar qué valor asignó a los dividendos futuros, qué alternativas evaluó, por qué decidió no ampliar su participación y cómo justificó el precio final frente al valor estratégico de la empresa.

La respuesta debe surgir de los números, no de consignas corporativas.

Porque si la venta permitió financiar inversiones que generan un rendimiento superior, la decisión podría resultar económicamente favorable. Si, por el contrario, el valor de los ingresos futuros y las oportunidades abandonadas superaba el beneficio obtenido, habría existido un costo de oportunidad que merece ser cuantificado.

La cuestión no es si YPF obtuvo una ganancia contable. La cuestión es si, al desprenderse de Profertil, obtuvo para su patrimonio el mejor resultado que podía alcanzar.

Hasta que esa comparación sea pública y verificable, la operación seguirá planteando una pregunta legítima sobre la administración de los activos estratégicos de la principal empresa energética argentina.

Fuentes documentales: estados financieros de YPF al 31 de diciembre de 2025; comunicación de YPF ante la SEC sobre la venta de Profertil; documentación societaria de Adecoagro presentada ante la SEC; informes de calificación crediticia de Profertil publicados en 2025.

Fuentes para respaldar la publicación

• YPF: estados financieros al 31 de diciembre de 2025 — precio registrado y resultado contable.
• YPF ante la SEC: oferta inicial de US$635 millones — condiciones anunciadas de la operación.
• Adecoagro: anuncio de adquisición de Profertil — secuencia de la compra y participación resultante.

Por qué hay gente que aún niega las consecuencias de la IA?

25 estrellas (pochito)

Es entender por qué el trabajador madruga toda la vida y no logra llegar a fin de mes; por qué el campesino produce los alimentos, pero no siempre puede comprarlos; y por qué el domiciliario arriesga su vida mientras otros se quedan con la mayor parte de las ganancias.

No es falta de esfuerzo individual: es comprender las estructuras que producen desigualdad. Es dejar de competir entre nosotros por las migajas y empezar a cuestionar quién se queda con el fruto de nuestro trabajo.

La conciencia de clase convierte la indignación en organización, la solidaridad en fuerza colectiva y la lucha en posibilidad de transformación.

✊🏽 No basta con indignarse: hay que organizarse. En los barrios, las universidades, los sindicatos y los territorios. Estudiar, debatir, construir comunidad y defender colectivamente nuestros derechos.

¡Porque un pueblo consciente de su fuerza puede empezar a transformar su historia!

By: @arangocreido

Source: https://www.instagram.com/p/DeVWhOCMeDi/